En este primer reporte presentamos los resultados generales a nivel país de la suma de resultados de cada uno de los 32 Estados de la República. La información se compone de los datos que proporcionaron 131 instituciones de gobierno con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los animales no tienen voz para pedir auxilio, no pueden defenderse de sus agresores, en muchos casos son los primeros en recibir la ira de personas contagiadas por la violencia que vivimos, por el olvido intencionado condenándolos a una vida de patios y azoteas o simplemente, abandonándolos lejos de sus supuestos “hogares”, y lo peor aún, en muchas ocasiones ignorados por la indiferencia o “miedo” por parte de personas que no denuncian y que esperan que otros hagan algo. Sin embargo, estos miles de animales no son solo víctimas directas de sus verdugos, sino también son víctimas indirectamente de un sistema institucional que les ha fallado, que a pesar de tener derechos y estar “protegidos” por leyes, códigos y reglamentos que han sido producto del gran esfuerzo de cientos de activistas, protectoras y rescatistas en impulsar dichos derechos junto con legisladores comprometidos en la causa, desafortunadamente no ha cambiado la situación para los animales, ese basto marco jurídico que hoy existe a lo largo y ancho del país junto con un sinfín de dependencias en cada Estado de la República que supuestamente debieran garantizar dichos derechos no está sucediendo, solo se ha quedado en narrativas de buenas intenciones por la clase política.
Resultados: producto de la impunidad e ineficacia ante el maltrato animal
A nivel federal todo lo relacionado a la cría, entrenamiento, transporte, promoción, anuncio, organización, compra-venta o se preste o rente un espacio para realizar peleas de perros son hechos constitutivos de delito con base al Código Penal Federal, siendo la Fiscalía General de la República (FGR) competente para conocer de estos hechos. La dependencia informó que entre el 2019 y 2020 no recibió ninguna denuncia por este delito ni abrió ninguna carpeta de investigación en el país.
En números generales entre el 2019 y 2020 las Fiscalías de los Estados reportaron que recibieron 2490 denuncias por maltrato animal, sin embargo en cuanto al número de carpetas de investigación fueron 2511, ya que algunas fiscalías solo ingresan el registro en sus bases de datos a partir de que se abre una carpeta para investigar el hecho delictivo, sin embargo, con los datos que presentaron solo hubo 155 agresores que fueron puestos a disposición ante las fiscalías, esto es el 0.06% en relación al número de carpetas de investigación que fueron abiertas.
Los resultados de los casos llevados a juicio son aún mucho más bajos, pues en el mismo periodo solo se iniciaron 195 casos judicialmente, de los cuales 101 agresores fueron vinculados a proceso y decepcionantemente solo se dictaron 18 sentencias por este delito en dos años, aunque solo 14 agresores tuvieron como pena la privación de su libertad en todo el país. La suma de todas las sanciones económicas impuestas no rebasaron los 130 mil pesos, por lo que el índice de castigo a este delito es menor al 0.01% en todo el país, cuando al mismo tiempo se calcula que al año mueren aproximadamente 60 mil animales víctimas de la violencia. Un dato importante es que de treinta fiscalías estatales solamente en cinco Estados se han impartido en los últimos cinco años cursos de capacitación a sus agentes del ministerio público, personal de investigación y administrativo.
En el ámbito de actuación de las autoridades administrativas de los gobiernos estatales, entre el 2019 y 2020 recibieron 7619 denuncias (no se incluyen el número de denuncias recibidas ante las autoridades municipales ni federales), se atendieron 4759 denuncias, reportando autoridades en diversos estados que debido a la pandemia en el 2020 se vieron interrumpidas sus funciones y fueron asegurados 2977 animales entre domésticos y silvestres víctimas de maltrato. A pesar de haber atendido 4759 denuncias por maltrato en el país, solo se remitieron por parte de estas dependencias ante las fiscalías de los estados a 67 agresores, siendo menos del 0.02%. Cabe señalar que muchas procuradurías ambientales en los Estados carecen de facultades para presentar ante las autoridades correspondientes a los agresores y de imponer sanciones, siendo esto una ventana de impunidad.
Pero el tema que consideramos clave en AnimaNaturalis es la educación. Las acciones y programas educativos que a través de la mayoría de las Secretarías de Medio Ambiente y Secretarías de Educación estatales deben realizar conforme a lo dispuesto en sus propias leyes de protección animal, en difundir a la población en general e implementar desde los colegios una cultura de respeto a los animales y de prevención de maltrato no está dando resultados suficientes frente al enorme problema de crueldad animal que se registra diariamente. En 30 Estados los gobiernos tienen facultades expresas por ley para llevar a cabo dichas acciones y programas, sin embargo la gran mayoría no realizó ninguna, pues en el 2019 un año anterior a la pandemia se contabilizaron solo 312 acciones en el país con un presupuesto asignado total de $21, 794,604.00 de pesos, pero el reportado como ejercido fue solamente $1, 598,771.00 en todo el país, prácticamente el 0.07% fue destinado realmente. En el 2020 se contabilizaron 182 acciones educativas con un presupuesto asignado en total de $18, 126,189.00 pesos, pero el ejercido reportado fue solamente de $456,209.00 pesos, esto equivale a menos del 0.03% aunque diversas dependencias en el país argumentaron que fue debido a la pandemia que no pudieron llevar a cabo dichas acciones. Por último, respecto a programas educativos llevados a través de las secretarías de Educación de los Estados a los planteles escolares, solamente cinco estados cuentan con ellos.
La violencia es violencia, no importa a quien vaya dirigida si es animal, niña, niño, mujer, persona mayor u hombre, no distingue clase social, ni raza, impacta y afecta a todos por igual. Se tiene mucha evidencia y suficientes estudios que el maltrato y la crueldad hacia los animales es un detonante de la violencia social, se comienza siempre por el más indefenso y en este caso son los animales, escalando a menores, mujeres y ancianos. Debemos frenar la espiral de violencia que vive la sociedad y una forma también es sancionando y previniendo el maltrato animal y debemos apostar por la educación desde los colegios como camino.
