Resumen normativo

El Código Penal del Estado al igual que la Ley de Protección a los Animales reconoce a los animales como seres sintientes y tipifica los delitos de maltrato o crueldad sin hacer distinción entre domésticos, ferales o silvestres con penas desde seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo cuando se propicien heridas o sufrimiento. Cuando se produzca la muerte, la pena irá de uno a tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo. Pudiéndose agravar estas penas una mitad cuando se prolongue el sufrimiento, se utilicen métodos de extrema crueldad o se publiquen por diferentes medios. Es de las pocas legislaciones en materia penal que a los sujetos activos de estos delitos se les aplicarán medidas reeducativas, integrales, especializadas y gratuitas con la finalidad de prevenir y erradicar el maltrato animal. 

La Ley de Protección a los Animales del Estado al inicio establece que están protegidos por la ley todos los animales que se encuentren de forma permanente o transitoria, sin embargo el legislador decidió no proteger con dicha Ley a los animales usados en actividades de espectáculos como la tauromaquia, faenas camperas, jaripeos, charrerías y las carreras de caballos, aunque el legislador define en la Ley crueldad, maltrato y sufrimiento como actos que ocasionan dolor y hasta la muerte, para ese grupo de animales contradictoriamente no se les protege, pero contradictoriamente la ley reconoce a los animales como seres sintientes por lo que se debe procurar un trato digno y respetuoso y  de bienestar animal como el estado en el cual el animal tenga satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas.

La Ley distingue competencias para la Secretaría del Medio Ambiente que tiene como objeto la promoción de la cultura cívica de protección, programas de educación junto con la Secretaría de Educación, mientras que a la Procuraduría de Protección al Ambiente le corresponden atender las denuncias por violaciones a la Ley al igual que a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Se establece que el Fondo Ambiental Público que está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente el cual se destinarán dichos recursos para las acciones de educación y difusión, el cual contará con representantes de las Secretarías de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Pública, las asociaciones protectoras, un bioeticista y un investigador universitario.