Resumen normativo

Se tipificó el delito de maltrato animal en el Estado desde el año 2012, teniendo adiciones en el 2013 que hablan sobre las excluyentes de responsabilidad cuando constituyen plaga, los animales para consumo y para actividades lícitas contempladas en la Ley para la Protección Animal en el Estado. En el 2020 se reformó gran parte de las disposiciones como el aumento de la penalidad y se adicionaron las peleas de perros como delitos y sobre todo la adición más relevante fue que se considera delito el abandono de un animal doméstico cuando esté en riesgo su integridad y su vida. 

El Estado cuenta con la Ley para la Protección Animal la cual no define bienestar animal, pero sí considera diversos actos como crueldad y maltrato animal por ejemplo la privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, así como el abandonar a los animales en la vía pública o desatenderlos por periodos prolongados en bienes de propiedad de particulares, comprometiendo su bienestar. El cuerpo de la Ley es similar al de la mayoría de las leyes de otros estados, da definiciones, distribuye competencias las cuales en el caso de programas y acciones de educación para el cuidado y trato adecuado hacia animales domésticos es de los pocos Estados que deja esta función completamente a los Ayuntamientos y como gobierno estatal no se involucra en la materia educativa de prevención de maltrato animal. La Ley cae en el grupo de leyes junto a otros Estados que son contradictorias a sus principios y objeto de salvaguardar la vida e integridad de los animales, ya que el legislador exceptuó a la tauromaquia, las peleas de gallos, las faenas de lidia, las charreadas, jaripeos y rodeos como actos de maltrato y crueldad. 

Guanajuato es el Estado junto con Baja California y Oaxaca, por falta de Ley en el caso de éste último, que el Ejecutivo del Estado no participa en cuanto a promover y difundir acciones y programas educativos sobre respeto a los animales y prevención del maltrato animal. La ley le da dichas atribuciones a los Ayuntamientos, quedando solamente el gobierno estatal con atribuciones respecto a la fauna silvestre sobre conservación y aprovechamiento.